Valentina Oropeza

Investigaciones

Radiografía Misión Vivienda: Testimonios, cifras y desafíos

Este especial se publicó en Contrapunto entre junio y agosto 2015. No está disponible en su versión original en este medio.

El equipo que hizo esta investigación estuvo integrado por los periodistas Vanessa Moreno, Lorena Meléndez y Yorman Guerrero. Fue diseñado por Mariana Avellaneda.

Como la versión original no está disponible, a continuación puede leer los ocho reportajes que se publicaron en esta serie.

Misión Vivienda promete entregar en seis meses lo que no logró en cada uno de los años anteriores (I). 

Beneficiarios de Misión Vivienda desconocen cuándo y cómo deben pagar por sus inmuebles (II).

GNB hace censo en edificios de Misión Vivienda en busca de delincuentes (III).

El gas, el agua y los ascensores, los dolores de cabeza de los habitantes de Misión Vivienda (IV).

La convivencia pacífica, un reto para los habitantes de la Misión Vivienda (V).

Habitantes de Misión Vivienda requieren escuelas, hospitales y transporte para sus complejos (VI)

Invasores vetados de Misión Vivienda no saben a dónde acudir (VII)

OLP en Misión Vivienda: “Le avisaron a los malandros y agarraron a los pendejos” (y VIII)

De julio a diciembre deben culminarse 240.888 unidades habitacionales para llegar al millón

Misión Vivienda promete entregar en seis meses lo que no logró en cada uno de los años anteriores (I)

LORENA MELÉNDEZ/YORMAN GUERRERO

Domingo, 28 de junio de 2015

Contrapunto analiza en esta serie el alcance del programa según las cifras disponibles, testimonios de sus beneficiarios y de quienes esperan serlo. Expertos dudan que en diciembre estén listas las más de 240 mil residencias que deben entregarse este año para llegar al millón

En la avenida Francisco de Miranda de Caracas, a la altura de Chacao, una decena de mujeres espera una respuesta a las puertas del Ministerio de Hábitat y Vivienda, cuya fachada está cubierta por unas láminas de zinc provisionales. Bajo el sol de la tarde, las señoras acumulan varias horas de espera. Dentro, una comisión de ellas está reunida con representantes del despacho para exigir que les entreguen las casas que les prometieron hace años.

En ese grupo está Matilde –nombre ficticio para proteger su identidad-, quien fue sacada de su casa en enero de 2006, tras recibir un certificado que sentenciaba la demolición de su vivienda de tres habitaciones y un baño porque estaba en riesgo. La detonación del Viaducto Caracas-La Guaira, necesaria para hacer el puente nuevo de la autopista homónima, afectaría irremediablemente su residencia y buena parte de las construcciones ubicadas en el barrio Nueva Esparta. Como ella, más de 300 familias fueron desalojadas de ese sector. Como ella, no todas han sido reubicadas.

“Que me tumbaran mi casa fue como si me hubieran quitado la mitad de la vida, allí estaba todo mi esfuerzo. Ya tengo 55 años y de tanto luchar quedé hipertensa, cardiópata, tengo un espolón calcáneo por estar parada buscando de un lado a otro para ver dónde consigo algo, dónde me dan respuesta, porque no la encuentro en ninguna parte. Me destruyeron la vida y no hubo quien me escuchara”, afirma la mujer que trabaja como doméstica y que, desde hace año y medio, vive en el refugio El Legado del Comandante, en Gramoven.

Tras ser desalojada, Matilde se mudó durante seis meses a La Pastora, a la casa de un familiar. Allí vivió con su esposo y tres de sus siete hijos. Pero no soportó el hacinamiento, así que empezó a buscar contactos en el Gobierno para que la ayudaran a conseguir un espacio propio. Un funcionario de la Misión Negra Hipólita la reubicó en un depósito subterráneo, en un edificio de Quinta Crespo, donde la humedad, la basura y las ratas le produjeron dificultades respiratorias.

El drama de Matilde es anterior a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que fue lanzada por el presidente Hugo Chávez el 30 de abril de 2011 para reubicar a las miles de personas que quedaron damnificadas por la vaguada del año anterior, y en cuyo censo se registraron más de dos millones de familias que aspiraban a acceder a una residencia financiada por el Estado. La de Matilde estaba entre ellas.

En cuatro años, menos de la mitad de los censados tiene techo propio: se entregaron 673.424 unidades habitacionales, según las memorias y cuentas del Ministerio de Vivienda y Hábitat de 2011 a 2014. El gobierno del presidente Nicolás Maduro prometió cerrar 2015 con la entrega de un millón de casas y apartamentos. Si bien en 2012 se dieron 80 mil domicilios más de los estimados, en los otros tres años en los que la GMVV ha estado operativa no se alcanzaron las metas.

En 2013 se entregaron 200 mil viviendas, poco más de la mitad de las 380 mil planificadas. En 2014 el Ejecutivo dio alrededor de 126 mil, apenas 31,5% de las 400 mil planteadas. Según los anuncios oficiales, 326.576 familias deben recibir este año una casa o apartamento para que el Ejecutivo cumpla la meta del millón de residencias entregadas. Pero en el primer semestre de 2015 el Gobierno liquidó apenas 26,2% de ese objetivo, que equivale a 85.688 unidades habitacionales. De julio a diciembre deben culminarse 240.888 viviendas, más de lo que la GMVV ha logrado en cada uno de los cuatro años previos.

Las cifras oficiales presentadas este año no concuerdan. Durante la primera semana de junio, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, informó que más de 706 mil unidades habitacionales habían sido entregadas. Sin embargo, los números recogidos por Contrapunto en la primera quincena del mismo mes, a través de notas de prensa de ese despacho, apuntan que la cantidad es mucho mayor: 759.112 en total. En cuestión de una semana, el Ejecutivo habría entregado más de 53.000 casas y apartamentos a sus dueños.

Sobre la dificultad de auditar a la GMVV ya se han referido varias organizaciones. Los informes del año pasado de Transparencia Venezuela y del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) han señalado la dificultad que han tenido para acceder a datos que permitan verificar la gestión del Ministerio en esta área.

En octubre de 2014, el entonces presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, dijo que desde el Ejecutivo se abultaban las cifras de residencias edificadas. “No es posible construir 200 mil viviendas nuevas al año porque no existe la capacidad instalada”, aseveró.

Molina aseguró el 25 de junio, durante una entrega de apartamentos en Los Teques en el estado Miranda, que hasta el momento se ha iniciado la edificación de 1.095.955 unidades habitacionales. Pronosticó que la GMVV superará sus propios récords este año, a pesar de la caída de los precios del petróleo: afirmó que 387.125 viviendas están en ejecución y prometió que el próximo lunes 29 de junio comenzará “una nueva oleada de construcción masiva de casas dignas en todo el país”. Contrapunto solicitó una entrevista con el ministro pero no se concretó para la fecha de publicación de este reportaje.

Escasez de materiales, modificaciones de proyectos por adecuación del terreno, retrasos por lluvias, insuficiencia de personal técnico calificado, incumplimiento de permisologías e inclusión de actividades no programadas, son algunos de los motivos que han ocasionado demoras en las construcciones, según los balances anuales del Ministerio de Hábitat y Vivienda.

La disminución del ritmo de construcción ha alarmado a Provea, que en su informe anual de 2014 recalcó: “Las altas autoridades del sector, que incluyen al propio Presidente de la República Nicolás Maduro, no reconocen las gravedad de la situación de la crisis en la Gran Misión Vivienda Venezuela, difundiendo cifras irreales que no encuentran asidero en la propia información que posteriormente publica el ministerio sobre su actividad”.
Mientras las metas se cumplen, censados como Matilde, quien ya ha aguardado por la casa prometida por nueve años, continúan esperando. Para finales de 2014, más de 175.000 personas ocupaban los 217 refugios esparcidos por toda Venezuela. Se desconoce cuánto se ha reducido esa cifra durante este año.

Ayuda extranjera

El inicio de la GMVV estuvo marcado por la firma de acuerdos en materia de viviendas con otras naciones. En 2011 se pactaron convenios para la construcción con Bielorrusia (BZS Belzarubezhstroy), China (CITIC International Contracting), Irán (Kayson Company), la Federación Rusa de Construcción de Viviendas, Portugal (Grupo Lena), Turquía (SUMMA), España (Essetium), Brasil y Uruguay. En 2012 la meta fue construir 14.303 viviendas, pero apenas se finalizaron 8.004 unidades habitacionales. 2013 ha sido el año que más frutos ha dado frente a la firma de convenios: 22.141 viviendas construidas a nivel nacional. A pesar de que el año pasado hubo una disminución en la construcción de soluciones habitacionales, las empresas internacionales mantuvieron el ritmo para alcanzar la entrega de 21.228 viviendas.

De las empresas nacionales que construyen para la GMVV poco se sabe. El año pasado, Molina expresó que 251 empresas nacionales, del sector público y privado, trabajarían para este programa. Sin embargo, se desconocen los nombres y cuáles son los procesos de adjudicación de las contrataciones. En 2013 Transparencia Venezuela publicó un listado de 42 empresas venezolanas que fueron contratadas por Misión Vivienda. Contrapunto revisó el estatus de estas compañías en el Registro Nacional de Contratistas y se constató que apenas 21 están habilitadas para contratar con el Estado, otras 12 están inhabilitadas y 9 no aparecen en el registro.

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat gestiona el Sistema Nacional de Protocolización y Cobranza

Beneficiarios de Misión Vivienda desconocen cuándo y cómo deben pagar por sus inmuebles (II)

LORENA MELÉNDEZ G.

Domingo, 28 de junio de 2015

Viven sin títulos de propiedad y a veces ni siquiera saben en qué banco pueden pagar por sus casas y apartamentos. En esta segunda entrega, Contrapunto documenta qué pasa después de que una familia se muda a un urbanismo del Estado

El 9 enero de 2011 ocurrió un hecho que cambió la vida a quienes hoy habitan los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de Samán de Güere, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas. Ese día, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, declaró la expropiación de los terrenos que Empresas Polar tenía en la parroquia capitalina de Antímano, luego de que miembros de la Comunidad Socialista Amatina los invadieran para construir sus inmuebles. Ese día supieron que ellos podían hacer lo mismo en su municipio.

“Después de esa expropiación, el Presidente solicitó a las comunidades que se organizaran y ahí empezamos. Somos 492 familias que venimos de varios consejos comunales de Petare. Comenzamos a hacer lo pertinente y aquí estamos”. Así resume María Milagros Reyes un proceso que duró cuatro años y que aún continúa. Lo hace desde el apartamento de 70 metros cuadrados que hace unos meses le entregaron las autoridades dentro del espacio de casi 30 mil metros cuadrados que comprendía el estacionamiento del Bingo Premier, en Boleíta Sur, y que ella y su grupo tomaron en agosto de 2011.

La Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, aprobada en enero de aquel año, hizo posible que se materializara un conjunto de edificios en lo que comenzó como una invasión. El 16 de agosto de ese mismo año, varias decenas de personas ingresaron a los terrenos de la Francisco de Miranda que habían sido propiedad de José Avelino Goncalves, quien se había fugado del país luego de ser señalado por haber puesto en funcionamiento un casino ilegal en ese mismo espacio. Seis días después de la toma, los del Samán de Güere, conocidos como colectivo Maca Socialista en aquel entonces, entraron nuevamente al área con fuero legal.

“Los primeros días nos cacerolearon, nos tiraban huevos, piedras, nos decían ‘invasores’. Una vez a mí me lanzaron una botella desde un edificio, que si me la hubiesen pegado en la cabeza, me matan. Hubo una noche en que un hombre loco disparó también desde esas torres (..) Mientras ellos nos insultaban y nos decían groserías, nosotros los aplaudíamos y les decíamos ‘no somos invasores, somos sus vecinos’”, cuenta Reyes, quien efectivamente se convirtió en vecina de sus detractores.
En el sitio había galpones que fueron acondicionados por los invasores. Les hicieron baños y llevaron sus pertenencias para quedarse allí a vigilar el lugar. Las 30 cabañas previamente edificadas en el sitio se dispusieron para quienes tenían mayor necesidad: los damnificados de la vaguada de 2010. El resto de las familias, provenientes de barrios como 5 de Julio, Carpintero y Maca, vivían -y aún viven los que faltan por adjudicar- en condiciones de hacinamiento con otros familiares, o alquilados. Estos eran mayoría.

“Fue una pesadilla el tiempo de espera, pero ya cuando uno tiene la llave en la mano olvida lo que vivió”, señala Yaisy Grimán, otra de las voceras del urbanismo. No fue sino hasta mayo de 2013 cuando finalmente comenzó la construcción de las torres de cuatro pisos que los albergaría. En julio del año pasado se entregaron los primeros apartamentos, no sin que antes vivieran un trago amargo: al menos 15 familias, con niños y personas con discapacidad, invadieron las viviendas recién construidas. Horas después, los desalojaron.

Deudas pendientes

Un año después de aquella entrega, los habitantes de Samán de Güere no saben cuándo empezarán a pagar sus nuevos techos. A estas alturas, no les han informado cuál será la entidad bancaria que les hará el préstamo para cancelar los 550 mil bolívares que le adeudan al Estado por su inmueble.

La desinformación no sólo impera en los urbanismos más nuevos de la GMVV. Habitantes de algunos que inauguraron antes de que Chávez muriera tampoco han comenzado a pagar. Éste es el caso de Manuel (quien no quiso dar su verdadero nombre), uno de los residentes de los edificios del complejo del Puente de Los Leones, ubicado en La Paz, que fue entregado a sus actuales propietarios en diciembre de 2012. Dos años y medio después de haber llegado, comenta que todavía “no han dicho nada sobre los pagos pendientes”, aunque sí se cancelan servicios como agua y electricidad.

Para el momento en el que Manuel entró a su apartamento, ya había una entidad que debía encargarse de recibir las cuotas de las deudas. La Gaceta Oficial Nº 39.865, con fecha del 13 de febrero de 2012, estableció que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) sería el encargado de “la elaboración, gerencia y coordinación del Sistema Nacional de Protocolización y Cobranza de las viviendas con recursos desembolsados por los entes u órganos del Estado”.

Un año después de aquella publicación, en 2013, el presidente Nicolás Maduro reclamó la necesidad de que las casas y apartamentos de la GMVV se cancelaran pronto. “Hemos entregado 381 mil viviendas, pero nadie está pagando ni medio. ¿Cómo vamos a sostener el gasto y la inversión para los próximos años? ¿Haciendo magia? No. Tenemos que sostenerla entre todos”, comentó el Mandatario en una alocución el 17 de mayo de ese año.

Cinco meses después, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, aseguró al diario El Mundo que más de 70% de los beneficiarios de las unidades que asignaba el Estado a través de la GMVV ya pagaban su techo propio a través de un crédito hipotecario que se descontaba de la nómina de los propietarios o se cancelaba con tarjeta de débito. Contrapunto solicitó una entrevista con Molina que no se concretó para la fecha de publicación de este reportaje.

Adjudicación opaca

Cuando arrancó en 2011 la GMVV, se hizo un censo nacional que permitió determinar que era necesario construir alrededor de 2.700.000 viviendas. Este número corresponde a los jefes de familia, quienes se registraron y aportaron datos de todos los miembros de su núcleo como nombres, cédulas, ocupación y nivel de instrucción.
Tras este proceso comenzó el papel de la comunidad organizada. La antigua página web del programa social indicaba que luchadores sociales, voceros de movimientos populares (ya sean consejos comunales o colectivos), brigadistas del registro y un integrante de la Milicia Bolivariana debían conformar las llamadas cuadrillas que corroborarían esos datos. “En este caso, los viviendo-venezolanos registrados deberán participar en esta etapa organizativa y de asambleas”, reza el escrito. Los beneficiarios entrevistados dan fe de que el trabajo de estas organizaciones les facilitaron el acceso a una casa de la Misión.

Provea indica en su informe que mientras en 2013 se llevaron a cabo 336 asambleas de beneficiarios y se constituyeron 136 comités de Batalla Hugo Chávez, en 2014 este tipo de reuniones se disminuyó a nueve, de acuerdo a la memoria y cuenta de Ministerio de Vivienda y Hábitat.

No hay un documento oficial en el que se especifique cuáles son los parámetros que establece el Estado para adjudicar viviendas a unos beneficiarios antes que a otros. Voceros de varios urbanismos consultados por Contrapunto señalaron que los primeros en recibir inmuebles fueron los damnificados y las familias que tienen entre los suyos a personas con discapacidad. Sin embargo, muchos viven todavía en refugios.

Desplazados por la violencia

Samán de Güere mantiene a sus pobladores completos y más bien se prepara para recibir nuevas oleadas de vecinos. Sin embargo, otros urbanismos ya han despedido a varios de sus primeros miembros. El caso más sonado es el de Lomas de la Guadalupe II, donde cuatro apartamentos fueron desalojados voluntariamente por sus habitantes: los familiares de los nueve hombres masacrados en abril pasado en Ocumare del Tuy.

“Nos fuimos porque teníamos miedo de que tomaran represalias”, comentó a Contrapunto Elisa Urbano, una de las hermanas de cinco de las víctimas de la tragedia en la cual perecieron nueve personas. En el complejo habitacional vivían su madre, sus hermanos, sus sobrinos y ella con sus tres hijos. Los diez sobrevivientes se mudaron todos a un apartamento de dos habitaciones y un baño. “Tuvimos que hacerlo así porque no tenemos a dónde ir”, confesó.

El cambio ha generado un hacinamiento al que no estaban acostumbrados. “Antes de irnos a los apartamentos -en donde apenas vivieron un mes- cada quien tenía su rancho. Esto no tiene explicación. Uno tiene que vivir ahí y es demasiado difícil. Mi mamá está enferma y a veces ve la ropa que era de mis hermanos (fallecidos) y se pone mal”, agregó.

Las pertenencias de los Urbanos aún están en Lomas de Guadalupe II. Intentaron pedir a la GMVV que los cambiaran a otro urbanismo en donde corrieran menos peligro, pero la respuesta fue que la responsabilidad del Ejecutivo con ellos había terminado cuando les entregaron los apartamentos. Si ellos querían mudarse, debían hacer un cambio con algún otro propietario del programa. “El problema es que cuando le nombramos eso por allá a alguien, nadie quiere irse”, afirmó la mujer.

Los antiguos habitantes del complejo tienen miedo de que les invadan sus casas. Llaman constantemente a sus vecinos, quienes responden que siempre hay gente mirando sus apartamentos y preguntando qué va a ser de ellos. Además de ese temor, se suma el de las represalias. “Supimos que la otra vez llegó un carro cerca de donde estamos viviendo ahorita, preguntando por mis dos hermanos que quedaron vivos”, remató Elisa Urbano.

Beneficiarios de los urbanismos se organizan para evitar tener “malandros” como vecinos

GNB hace censo en edificios de Misión Vivienda en busca de delincuentes (III)

LORENA MELÉNDEZ G./ YORMAN GUERRERO

Martes, 30 de junio de 2015

Asesinatos, robos de apartamentos y consumo de droga en áreas comunes, son delitos recurrentes en los complejos del programa social. En esta tercera entrega, Contrapunto analiza por qué estas edificaciones son “zonas rojas” según las autoridades

El jueves 25 de junio, a las 3:00 de la tarde, llamaron a la puerta de Mariana Rodríguez (nombre ficticio para proteger su identidad). Una vecina le advirtió que en la entrada de la torre B del complejo Libertador II, ubicado en la avenida de nombre homónimo en Caracas, aguardaba una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que venían a preguntar sobre la convivencia en el edificio.

“Buenas tardes señora, venimos en representación del Despacho de la Presidencia y estamos haciendo un censo para conocer la situación de este edificio”, dijo uno de los funcionarios de la GNB que se presentó ante Rodríguez. A la improvisada sala de reunión en el pasillo del primer piso se acercaron tres vecinos más para ayudar, con sus testimonios, a llenar el formulario que minutos después mostrarían los efectivos.

El cuestionario arrancaba con preguntas sobre la cantidad de personas que viven en la edificación, la gestión de las áreas comunes, y el acceso a centros educativos cercanos. Hasta ese momento, los cuatro vecinos respondían al unísono a todas las preguntas del funcionario: ¿Jornadas de Mercal o Pdval? No. ¿Unidades de batalla Bolívar Chávez? Sí. ¿Simoncitos? No. ¿Casas Maternales? No.

“Aspectos de seguridad”, era el tercer renglón que debía llenarse en el censo. El segundo funcionario de la GNB explicó a los propietarios que la encuesta se está haciendo en todos los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) porque se determinó que registran “un alto índice delictivo”. De sus respuestas depende si el edificio figurará como “limpio” o no en el informe que presentarán a sus superiores. En ese mapa, los complejos de la avenida Libertador son considerados como “zonas rojas”.

Mariana Rodríguez tomó la vocería de los vecinos para decir que aprovecharía la oportunidad de hablar porque “no sabía cuándo la tendría de nuevo”. La primera pregunta del uniformado fue concisa: “¿Cuáles son los tipos de delitos que se cometen en el edificio?”. Uno de los vecinos que conforma uno de los llamados “comité multifamiliar” de la torre respondió que el robo a los apartamentos y el consumo y venta de drogas en las áreas comunes eran las tres situaciones más recurrentes, aunque se había dado el caso de peleas con armas blancas que terminaron con personas heridas.

Segunda pregunta: “¿Identificación de líderes delictivos, azotes de barrio y pranes?”. El silencio se adueñó del pasillo. Los vecinos se veían unos a otros. El funcionario que llenaba el formulario irrumpió para lanzar una suposición al aire: “Creo que aquí estamos pura gente seria, así que si pueden dar un apodo o algo sería bueno. Si no dan nombres, el edificio quedará como un espacio modelo”.

“Nadie los va a decir ahorita”, afirmó Rodríguez. Los otros tres vecinos discreparon del comentario y admitieron que en el edificio había una banda apodada “Los Mandarines” y que ellos están relacionados con casi una decena de robos que se han registrado en los últimos meses en el urbanismo, además de consumir drogas en las escaleras y la entrada de la torre.

Los ánimos se caldearon. Rodríguez invitó a los presentes a decir el nombre de “los otros”, refiriéndose a delincuentes que también viven en el complejo y lo tienen tomado . “Ustedes dicen ‘Los Mandarines’ pero la verdad es que esos son los menos peligrosos del edificio. Aquí también hay gente grande, ¿por qué no dicen los nombres de la gente vieja?”, repetía Rodríguez.

Los funcionarios pidieron a los vecinos que se calmaran y aprovecharan el momento para hablar. De no hacerlo, podían llamar anónimamente al número del Cuadrante 5 de la parroquia El Recreo, y dar los datos para terminar de llenar el formulario.

Los guardias prosiguieron con el cuestionario: ¿Hay línea de mototaxis en la entrada?, ¿hay cobro de vacunas?, ¿venta de drogas?, ¿venta de bebidas alcohólicas? Un vecino se coló en la conversación y contó cómo fue robado. “Salí de mi apartamento a las 5:00 de la tarde a llevar a mi hija al parque y cuando regresé a las 7:00 de la noche me habían llevado unas barras de chocolate, 15 mil bolívares y los pañales de la bebé”, comentó indignado.
Los vecinos se quejaron de que en varias ocasiones han llamado al Cuadrante 5 y que ni siquiera les atienden el teléfono. Los efectivos aclararon que esa unidad responde a 14 zonas de la parroquia El Recreo y sólo tiene dos motos; si una se daña no pueden trasladarse. Tampoco si está lloviendo o “si alguna manifestación altera el orden público”.

Recelo hacia los colombianos

La delincuencia en los complejos urbanísticos de la Misión Vivienda está asociada a factores de convivencia. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, explica que hay varios factores que inciden en que los asesinatos y peleas se hayan convertido en moneda corriente dentro de estas edificaciones.

El experto apunta que el hecho de que se lleve a vivir a un mismo edificio a una gran cantidad de gente – que se desconoce entre sí – proveniente de barriadas populares y refugios y acostumbrada a desenvolverse en un contexto distinto al de la vivienda multifamiliar genera conflicto, más si se toma en cuenta que todos llegan al mismo tiempo. Estos elementos contribuyen al roce y al caos y, al mismo tiempo, se definan grupos de control que intentan aprovecharse económicamente de la situación (como cobrar para ofrecer protección a los vecinos) o, simplemente, dominar a sus vecinos.

Los cursos de convivencia, explica Briceño León, son poco efectivos si no hay ninguna autoridad que vele por el orden. “Lo que falta en todo el país es el cumplimiento de las reglas y normas, porque aquí el sentido de estas se acabó (…) En nuestra sociedad, las reglas fueron sustituidas por las armas y la fuerza y ese es el modelo impuesto por el Gobierno desde la última década”, sentenció.

En algunos complejos, la comunidad se ha organizado para librarse del hampa. Los habitantes del urbanismo Samán de Güere, en Boleíta Sur, aseguran que ellos mismo han depurado la lista de adjudicados para evitar que se cuelen delincuentes entre los beneficiarios. Uno de sus requisitos es limitar la presencia de familias de origen colombiano, un recelo común a muchos habitantes de distintos urbanismos de la GMVV consultados por Contrapunto.

Cuando invadieron los terrenos de Samán de Güere en 2011 acordaron algunas reglas. “La primera era dar prioridad en la misión al que no tuviese vivienda. La segunda es que no íbamos a traer a los malandros para acá. La tercera, que a lo mejor te suena un poquito drástica pero así es, tratamos de no traer tanto colombiano, solo un 10% de gente que conocíamos, que tienen un buen vivir y un buen comportamiento. A lo mejor suene feo, pero también va a sonar patriótico. Los venezolanos tenemos muchos años sin vivienda”, indicó Yaisy Grimán, una de las voceras del conjunto residencial.

“La verdad es que en los urbanismos ha pasado de todo, eso es innegable. Lamentablemente cuando se le entregan viviendas a los damnificados, ahí se arropa a cualquier cantidad de gente que ni agradece ni tiene la conducta debida”, añade Grimán.

María Milagros Reyes, otra de las encargadas de Samán de Güere, afirmó que por ser invasores, los vecinos los tildaron de delincuentes. “Nosotros instamos a los empresarios de la zona a que pusieran cámaras de seguridad y que si había alguien que era de aquí, que lo trajeran. Claro, no descartamos haya algún malandro porque aquí hay mucha gente”, remata.

No más malandros en Misión Vivienda

El propio presidente Nicolás Maduro reconoció, el pasado 29 de abril, que la delincuencia era un problema en los complejos del programa social y por eso advirtió que los irregulares no tenían cabida en las casas y apartamentos que entregaba su Gobierno.

“El que esté metido en delitos narcotráfico, o atracando, he dado la orden de que le quiten la vivienda ya. Los urbanismos son para crear familias de paz (…) No voy a aceptar un solo malandro”, dijo y denunció que detrás de estos hechos de violencia estaba la “mano de la derecha” que daba “droga y plata” para generar conflictos.

Las declaraciones de Maduro ocurrieron tres días después del asesinato de nueve personas en una fiesta familiar celebrada en uno de los edificios de Lomas de la Guadalupe II, en Ocumare del Tuy. El hecho desencadenó un enfrentamiento en otro urbanismo de la Misión Vivienda, Ciudad Betania II, ubicado en Charallave, donde los policías hallaron a los autores de la masacre y estos les respondieron con balas y la explosión de una granada. El saldo fue de cuatro muertos, incluyendo a un GNB. En este último complejo se ha registrado un repunte de los homicidios, de acuerdo a una fuente policial. En toda la zona, además de este delito, se ha registrado tráfico de drogas así como robo, hurto y desvalijamiento de vehículos, cometidos por bandas que se forman entre habitantes viejos y nuevos de estos espacios que, de paso, se asocian con otros grupos delictivos de la ciudad.

El Presidente pidió en esta misma alocución que se coordinaran acciones al respecto entre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el de Hábitat y Vivienda. Contrapunto solicitó una entrevista con titular de este último despacho, Ricardo Molina, pero esta no se concretó para la fecha de publicación de este reportaje.
No hay cifras oficiales con las que se pueda construir un balance de los delitos que se cometen en los inmuebles de la Misión Vivienda, una opacidad que se mantiene en el presupuesto que se destina a sus construcciones, criterios de adjudicación y números necesarios para auditarla.

Violencia de vieja data

La criminalidad dentro de los urbanismos de la GMVV no es nueva, sino que casi nació con estos. El primer caso se registró el 22 de noviembre de 2011, año en el que empezó el programa, cuando se reportó el asesinato de William José Orocopey Manzano, un albañil de 22 años de edad que trabajaba en una edificación de la calle principal del sector Villa Anzoátegui en Anaco, estado Anzoátegui. A las 2:30 de la tarde de aquel día, un hombre que llegó a pie hasta el lugar y pidió agua a los obreros le disparó dos veces en el abdomen a la víctima.
En 2012, Edixon Ipuana, un patólogo de la Medicatura Forense de Bello Monte, fue ultimado luego de hacer un reclamo a un grupo de vecinos que consumía drogas en la entrada del edificio 37 de la segunda etapa de Cacique Tiuna, en La Rinconada. Fue en diciembre de ese año cuando empezó la ocupación de las torres del Puente de Los Leones, ubicadas en La Paz, que de acuerdo con los propios vecinos llegaron a ser identificadas como Rodeo I y II, en alusión a la cárcel mirandina, debido a los múltiples delincuentes que allí se han alojado.

El sitio ha sido escenario de balaceras, venta de drogas, allanamientos, requisas y homicidios. Fue allí donde vivió Leiver Padilla Media, apodado “El Colombia”, presunto cabecilla de una banda que lleva su nombre, y quien fue acusado como asesino material del diputado oficialista Robert Serra, ultimado en octubre de 2014 junto a una de sus asistentes dentro de su casa de La Pastora. En esos mismos edificios fueron detenidos otros de los señalados por el delito: Carlos García Martínez, alias “El Tin Tin”, y Edwin Torres, funcionario de Policaracas que era escolta del parlamentario.

En el mismo urbanismo del Puente de Los Leones, dos hombres murieron en un tiroteo cuando se enfrentaron en una fiesta de 15 años durante la primera semana de julio de 2013. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que acudieron a resguardar el lugar mientras llegaba el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística fueron atacados con objetos contundentes. Este video aficionado, tomado por un vecino, muestra cómo ocurrió la redada:

Las versiones de los habitantes de ese urbanismo sobre si su vivienda está o no en un lugar seguro se contraponen. Unos dicen que están muy bien, que todo ha mejorado, que a los malandros los han corrido los propios vecinos porque a “la gente le gusta vivir tranquila”. Otros prefieren ser más cautelosos y dar pocos datos al respecto. “Yo no manejo esa información. Me la paso trabajando. Además, eso es muy delicado”, dijo un propietario que, como el resto, pidió que su nombre no fuese publicado. Lo cierto es que el 8 de enero de este año ocurrió otro asesinato allí. A Edgar Briceño Da Silva, de 24 años, lo mataron cuando apenas tenía una semana viviendo en la Torre A, presuntamente por un móvil pasional.

Hay un último grupo que admite que vive con temor y que, a pesar de que los tiroteos han disminuido, se sienten inseguros. “El que era sano se volvió malandro aquí. Yo vivo encerrada con mis hijas porque me da miedo la inseguridad. Sobre todo aquí abajo, que pasa de todo”, cuenta una residente de una de las torres.

Otra mujer que se acercaba al lugar para visitar a su nieta comentó que deseaba que pronto su familia saliera del urbanismo a otro menos peligroso. “Cuando vengo aquí no subo. Varias veces me ha tocado llamar a la policía cuando aquí ha habido tiroteos”, dijo. Su pariente confirma su intención de irse del lugar cuando consiga a alguien con quien pueda cambiar su apartamento por otro de la Misión Vivienda. “Ahorita se ha aplacado, es verdad. No ha habido balaceras desde hace meses, pero es que aquí la inseguridad no se va a terminar nunca. Uno prefiere irse y dejarle esto a los malandros para que entre ellos mismos se maten”, afirmó.

Las historias sobre muertes violentas ocurridas dentro de las urbanizaciones entregadas por la GMVV se acumulan. En Ciudad Caribia, adyacente a la autopista Caracas-La Guaira, ultimaron a uno y se hizo el hallazgo de tres cadáveres en hechos aislados; en Ciudad Tiuna, en La Rinconada, se han producido tres asesinatos; en los edificios William Lara de La Urbina acabaron con la vida de cuatro personas. Todo esto sin contar a quienes han sido detenidos como presuntos homicidas o a los habitantes que han caído por enfrentamientos con policías en otras áreas de la capital.

El 10 de junio se llevaron a 18 personas de una Misión Vivienda ubicada en las adyacencias a El Silencio, en el centro de Caracas. En un operativo que comenzó a las 5:00 am y se extendió hasta horas de la tarde se dio con el paradero de personas involucradas en hurtos, atracos y tráfico de drogas y que operaban en el sector. Allí se incautaron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

En la torre B del complejo Libertador II, el jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, el guardia encargado de llenar el censo para monitorear los delitos en este urbanismo recibió una llamada a la que sólo respondió: “Sí, sí estamos vivos, sólo estamos dando unas recomendaciones”. Diez minutos después los dos agentes de la GNB bajaron a la entrada donde eran esperados por otros dos funcionarios del mismo cuerpo de seguridad.

Se repiten desperfectos en los acabados de casas y apartamentos

El gas, el agua y los ascensores, los dolores de cabeza de los habitantes de Misión Vivienda (IV)

YORMAN GUERRERO / LORENA MELÉNDEZ G.

Miércoles, 01 de julio de 2015

En esta cuarta entrega, vecinos de estos urbanismos cuentan a Contrapunto cómo intentan acabar ellos mismos las obras cuando el Estado no lo hace

El 26 de diciembre de 2013, Manuela Giménez (nombre ficticio para proteger su identidad) se mudó a uno de los 96 apartamentos que conforman la torre B del complejo Libertador II de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en Caracas. Madre de una niña de 6 años de edad, vivió durante los tres años previos en dos refugios: el primero estaba ubicado en el barrio El Limón y el segundo en la antigua sede de la Cantv en El Cafetal. Su familia fue una de las 127 que resultaron damnificadas por las lluvias torrenciales de noviembre de 2010 en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Tres días antes de ocupar el edificio, Giménez y los demás adjudicados firmaron un documento en el que acordaban con la contratista Ducolsa, encargada de la edificación, que recibirían los apartamentos sin que se concluyera la instalación del gas directo y el acabado en las paredes. El ingeniero que representó a la empresa en esta reunión aseguró que el complejo estaba habitable, les prometió que concluirían la obra, y les advirtió que no debían vender sus viviendas. Ha pasado año y medio desde entonces. Vecinos de este urbanismo dijeron a Contrapunto que la compañía nunca culminó los arreglos.

Giménez explicó que uno de los problemas que afectan a la mayoría de las unidades habitacionales son las filtraciones, que han traído consigo otros daños a la estructura. “Cuando nos entregaron los apartamentos todo estaba bien, pero apenas se mudaron todos los vecinos comenzaron a mojarse las paredes. Tanto así que la fuga de agua empieza en el piso más alto y llega hasta la entrada del edificio”, comentó.

El agua que corre por las paredes se filtró hasta el único ascensor que tiene la torre de 13 pisos y sulfató una de las tarjetas electrónicas necesarias para su funcionamiento. Desde enero de este año el aparato está dañado. Los vecinos deben organizarse para repararlo, pues sólo tenía 6 meses de garantía una vez que el complejo les fue entregado.

Ninguna de las cuatro “unidades socioproductivas” (tiendas) que tiene este edificio está en funcionamiento. Las filtraciones desprendieron parte del cielorraso, y dejaron al descubierto el cableado eléctrico, por lo que el espacio fue inhabilitado.

Sin embargo, la mayor preocupación que tienen los habitantes de este complejo es el uso de bombonas de gas dentro de los apartamentos, ya que si bien tienen la conexión de gas directo, nunca la habilitaron. “Ahora tenemos que subir con las bombonas de gas por las escaleras, como cuando vivíamos en el barrio”, señaló a Contrapunto una de las vecinas al comparar la situación en su vivienda anterior.

Giménez precisó que una deficiencia eléctrica provoca que los bombillos colocados en los pasillos y áreas comunes se quemen en menos de tres días. “Estamos cansados de promesas, el año pasado trancamos la avenida (Libertador) para exigir que por lo menos solucionen el problema de la filtración, pero como eso no está bien visto por el Gobierno, terminó con una pelea entre los propietarios que tenían opiniones encontradas”, agregó.

Alfredo Cilento, fundador del Instituto de Desarrollo Experimental para la Construcción (IDEC), adscrito a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, explicó a Contrapunto que las filtraciones se deben a malas inspecciones de los urbanismos. “Antes de poner en servicio el edificio hay que hacer una prueba a las tuberías de aguas blancas y cloacas. Se les inyecta agua a presión para constatar que no existan problemas en las conexiones. En este caso eso no se hizo”, detalló.

El especialista lamentó que no haya una manera de auditar los trabajos realizados por la GMVV. “Ni el IDEC ni el Colegio de Ingenieros de Venezuela tienen acceso a planos o información técnica de los complejos de Misión Vivienda. Esto es muy grave porque no se puede comprobar que se esté cumpliendo con la normativa venezolana para construir”, puntualizó Cilento.

Pequeños detalles

La manifestación de los habitantes de este complejo ocurrida en julio del año pasado coincidió con unas declaraciones que dio el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, en una entrevista televisiva, cuando negó que existieran fallas graves en las estructuras de los urbanismos. “Hemos recibido denuncias y todas las hemos atendido (…) Cuando nuestros ingenieros e inspectores van a revisar, resulta que tienen algunos pequeños detalles. Grietas en las paredes, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo estructural”, comentó. Contrapunto solicitó conversar con Molina y hasta la fecha de publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Contrapunto hizo un recorrido por varios complejos de la GMVV para constatar el estado de su infraestructura. En el urbanismo del Puente de Los Leones, ubicado en La Paz, vecinos comentaron que en un principio tuvieron filtraciones en el techo de los apartamentos, pero el problema fue solventado. Sin embargo, afirmaron que a veces los desagües de los pisos inferiores se desbordan.

Habitantes del Desarrollo Roosevelt, ubicado en la parroquia San Pedro en Caracas, contaron que tienen una fuga de gas de la conexión principal desde hace un año y que en tres oportunidades han llevado cartas a Pdvsa Gas para solicitar la reparación pero no han recibido respuestas.

“Además del gas, cuando comenzaron a entregar los apartamentos en diciembre de 2012, muchos tenían grietas grandes en las paredes y fueron selladas por los propios vecinos, porque nadie nos respondió por eso”, comentó una de las propietarias, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Falta de planificación y materiales

Las terrazas 10, 11 y 12 del complejo de la GMVV El Morro, en Petare, fueron desalojadas en octubre del año pasado. El urbanismo, que fue inaugurado en diciembre de 2010, comenzó a ser habitado el año siguiente como parte de la Misión Vivienda lanzada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Los vecinos reportaron grandes grietas en los apartamentos, rompimiento de las ventanas y el hundimiento de los edificios. En octubre del año pasado, el Ministerio de Vivienda y Hábitat ordenó el desalojo definitivo a causa de “una falla geológica y problemas en el drenaje de agua” que comprometían la estabilidad de la estructura.

Según el Registro Nacional de Contratistas, la constructora Stock Ingeniería, que posee 9 contratos con Misión Vivienda, realizó “obras complementarias” en este conjunto residencial, específicamente en la terraza 12. Otra de las empresas con más contratos con el programa social, cinco en total, es West Construcciones C.A, que construyó la terraza 11 del mismo complejo.

La memoria y cuenta del Ministerio de Vivienda y Hábitat de 2014 reconoció como uno de sus obstáculos “la modificación de algunos proyectos originales debido a las condiciones del terreno y propiedades del subsuelo”. De igual forma apunta que “la escasez de algunos rubros en materiales para la construcción en algunas zonas del país, tales como cemento, cabilla, cerámica, piezas sanitarias, techo, malla truckson y tubos estructurales entre otros, ocasionan retrasos considerables en la ejecución de las obras”.

Transparencia Venezuela presentó un informe en noviembre del año pasado, como parte de su programa Misiones Transparentes, en el que resaltó las consecuencias de no hacer un estudio previo a los suelos donde se construyen las edificaciones del programa social. “Por ejemplo, en Antímano y Caricuao se decidió hacer edificios que por su altura y localización en terrenos no apropiados, resultaron demasiado costosos.

El problema es que se improvisó una decisión de construir un tipo de edificio y apartamento, pero sin siquiera tener estudios de suelo”, refiere el informe.
En julio de 2014, familias del complejo OPP 27, entregado por la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales en el estado Vargas, reportaron fallas eléctricas, filtraciones de aguas blancas y grietas en las paredes por obras inconclusas.

La protesta más reciente de beneficiarios de Misión Vivienda se registró el 5 de junio en el complejo Guanaguanay III en Maturín, estado Monagas. Según el reporte del portal El Periódico de Monagas, los vecinos del urbanismo reclamaban las malas condiciones en las que fueron adjudicadas las casas y que en algunos casos los “obligaban a habitarlas sin tener instaladas las pocetas, ventanas, puertas y pisos de cerámicas”.

Los beneficios de la autogestión

En el urbanismo Samán de Güere, ubicado en Boleíta Sur en Caracas, el “comité multifamiliar de gestión” se ha convertido en inspector de la obras. Las voceras, quienes tienen trato directo con el ingeniero encargado y los obreros que construyen la mitad del conjunto de torres que completan el urbanismo, informan ante cualquier desperfecto que ven en los edificios una vez que son ocupados.

“Yo trabajo con un concejal de Petare, pero la verdad es que ahorita estoy a tiempo completo aquí en la obra porque me toca supervisar para que todo quede bien: la plomería, la caminería, la jardinería, la electricidad, el desagüe. La verdad es que es una experiencia que nos ha enseñado mucho. Es un trabajón, pero es una gratificación”, afirmó Yaisy Grimán, una de las voceras del grupo que incluso pudo elegir cuál era el modelo de edificación en el que querían vivir.

A esta labor se suman las guardias nocturnas y diurnas que hacen para evitar que se roben los materiales de la construcción. Las 290 familias que esperan asignación deben acudir al terreno para vigilar que no haya hurtos. Grimán admitió que, aunque no todos se activan en estos operativos diarios, sirven para medir la participación y aclaró que los más intervienen son los primeros en ser adjudicados.

“Es una garantía luchar lo tuyo, valorarlo, porque cuando las cosas se dan fácilmente, como en los urbanismos donde la gente entró porque era damnificada, no les da tiempo de organizarse ni de agradecer y, lamentablemente, son los primeros que dañan no sólo el urbanismo, sino hasta sus propias casas por dentro”, concluyó Grimán.

Beneficiarios reciben cursos de cohabitación en los refugios antes de mudarse a los urbanismos

La convivencia pacífica, un reto para los habitantes de la Misión Vivienda (V)

YORMAN GUERRERO

Jueves, 02 de julio de 2015

En esta quinta entrega, Contrapunto explica por qué prácticas comunes en la cotidianidad del barrio o de los refugios deben cambiar cuando las familias se mudan a los complejos del Estado

Tatiana Guzmán (nombre ficticio para proteger su identidad) perdió su vivienda en el barrio Kennedy de Caricuao, en Caracas, por las lluvias de finales de diciembre de 2010. Los dos años siguientes estuvo alojada junto a su pareja y dos hijos en el refugio Manuelita Sáenz en el Consejo Federal de Gobierno, hasta que se mudó al Desarrollo Urbanístico Roosevelt, en la parroquia San Pedro en Caracas, el 17 de noviembre de 2012. Su familia es una de las 16 que habitan la torre 6 de un total de 7 que conforman el complejo entregado por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en esta localidad.

Guzmán definió como “traumático” el primer mes de convivencia con los nuevos vecinos del edificio. “Al principio había otro residente del edificio que ponía música alta todos los días a toda hora. Mi hijo menor tenía apenas unos meses de nacido y costaba mucho dormirlo por el escándalo”, rememoró, tras admitir que en varias oportunidades tocó la puerta de sus vecinos para pedir que bajaran el volumen.

La beneficiaria de Misión Vivienda explicó a Contrapunto que durante los dos años que estuvo en el refugio, en varias oportunidades recibió cursos de convivencia impartidos por el Gobierno para “enseñarles” cómo debía ser el comportamiento al mudarse al complejo donde compartirían muchas áreas con otras familias. “Tengo entendido que todos los habitantes de esta torre recibieron ese curso, porque era obligatorio para los que veníamos de refugios, pero claramente no sirvió de mucho”, sentenció Guzmán.

Una pelea subida de tono puso fin a los constantes eventos musicales. “Bajé de mi casa en pijamas, llamé a la puerta y como ya estaba obstinada nos ofrecimos golpes. Desde ese momento ya no hay música alta, por lo menos en este bloque. Ahora tenemos otro problema: el mismo vecino vende licor en su apartamento, y esos son gritos a toda hora”, agregó Guzmán.

Consumo de droga en pasillos y jardines, falta de consenso para la limpieza y mantenimiento de áreas comunes, daño a las estructuras del parque infantil, y la ausencia de reuniones con los voceros del comité multifamiliar son algunos de los factores que afectan la cohabitación en este urbanismo. Vecinos de varios de los complejos de la GMVV que visitó Contrapunto admitieron que la falta de estacionamientos los obligó a convertir los cuartos de basura en espacios para aparcar las motos de los residentes.

Desde febrero del año pasado no se convocan asambleas entre los habitantes del edificio. Guzmán relata que en un principio se hacían juntas con los integrantes del comité multifamiliar cada 15 días o un mes para enumerar los problemas que tenían en el complejo y se llegaban a acuerdos con la participación de todos, incluso se levantaban actas si era necesario. “Se llevaba un cuaderno para controlar el pago de una ‘mensualidad’ que servía para el mantenimiento de las áreas comunes, como comprar la pintura de las escaleras y rejas. Todo eso se dejó de hacer porque hubo una pelea”, concluyó.
La Ley del Régimen de Propiedad de las Vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela en su artículo 14 especifica: “El Comité Multifamiliar de Gestión será el órgano de decisión, de análisis y decisión de los problemas comunes que surjan en la comunidad habitacional”. Asimismo establece que todos los miembros de las unidades familiares deberán cumplir con el reglamento de convivencia.

Este ordenamiento regula la convivencia en los aspectos sociales, culturales y ambientales, así como el manejo de los servicios, el uso de las áreas comunes, el respeto a la arquitectura y urbanismo y, en general, todo lo que afecte la vida en comunidad. Queda expresamente prohibido el uso de la vivienda para actividades que desvirtúen la “naturaleza social” para la cual fue otorgada, así como ocasionar ruidos molestos o daños que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios o que amenacen su seguridad o afecten a la salud pública, o el interés colectivo.

Reclamo generalizado

Una residente de una torre contigua a la de Tatiana Guzmán apuntó que en edificio clausuraron los bajantes de basura porque nadie se hacía responsable de recogerla después. “La limpieza de las áreas comunes es un inconveniente que no hemos podido resolver”, agregó la vecina, que prefirió mantenerse en el anonimato.

En otros urbanismos de la GMVV apuntan que las fiestas en los apartamentos se salen de control. “Una muchacha hizo una especie de matiné en su casa a mediados de junio y aparte de la música estruendosa, también había venta de bebidas alcohólicas. La celebración comenzó a tempranas horas de la tarde y culminó en una pelea con dos apuñalados. Ese tipo de acciones no se pueden permitir”, denunció un habitante del Complejo Libertador II en Caracas.

El jueves 25 de junio, Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat, insistió en que los hogares construidos por la GMVV deben convertirse en “espacios de paz” donde se promueva la sana convivencia, durante la entrega de 20 apartamentos en el desarrollo urbanístico El Paso en Los Teques. Contrapunto solicitó una entrevista con el ministro para conversar sobre el avance del programa social pero hasta el momento de publicar este reportaje no se obtuvo respuesta.

Mi piso es el techo de mi vecino

La Alcaldía de Caracas, a través de Fundacaracas, imparte cursos para la convivencia ciudadana a los habitantes de los refugios antes de que se muden a los complejos de la GMVV. Kyrian Ferricelli, coordinadora de la División Nuevas Comunidades Socialistas, explicó a Contrapunto que estos talleres nacen por la necesidad de brindar acompañamiento a los habitantes que vienen de transitar de refugios a un espacio totalmente nuevo para ellos. “Orientarlos a una mejor calidad de vida es el objetivo de estas prácticas. La mayoría de estas personas vienen de vivir en su barrios afectados por las lluvias, luego pasan a un refugio y terminan en urbanismos que requieren de normas de convivencias totalmente diferentes a la que están acostumbrados”, expresó.

Ferricelli comentó que los talleres familiarizan a los futuros beneficiarios con los patrones de comportamiento que rigen las nuevas unidades habitacionales. “La Ley de Régimen de Propiedad de la GMVV es el primer reglamento que se les muestra. Se da a conocer la importancia de los cuadernos de control, las actas y minutas en las reuniones que se lleven a cabo en el edificio. De igual manera se explica cuáles son las ventajas de tener unidades socioproductivas en los complejos y que serán adjudicadas a las personas que más lo necesiten”, dijo.

La educadora resaltó que el principal interés del programa es hacerles entender a los nuevos residentes que ahora van a compartir muchos espacios con sus vecinos. “Tenemos una especie de lema que dice: ‘Mi pared es la pared de mi vecino y mi piso es su techo’. Así mostramos que la convivencia en conjunto es mucho más compleja que la llevaban en sus lugares de origen o en el refugio”, agregó Ferricelli.

En este momento, Fundacaracas imparte charlas a siete grupos de damnificados, específicamente los que van a habitar complejos en La Vega, 23 de Enero, Calle México, Santa Rosa I y II, Andrés Bello, Gato Negro y Antímano. Una vez que son entregados los urbanismos, la fundación les hace seguimiento para determinar cuáles son los problemas de convivencia más recurrentes y según el resultado se dictan nuevos talleres que toquen las temáticas para ayudarlos a buscar soluciones.

La organización es la clave

Ingrid Aguado es la vocera principal del consejo comunal Por Ahora y para Siempre que se encarga del urbanismo de la GMVV, entregado por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe 12), ubicado en Bellas Artes. Comentó a Contrapunto que para lograr una convivencia positiva entre todos los vecinos del urbanismo siguieron las reglas impartidas en los cursos de convivencia que recibieron durante los dos años y medio que vivió en el refugio del Hotel Parque Carabobo, en Caracas.

“Primero, designamos a los tres voceros principales y suplentes del comité multifamiliar. Después creamos el consejo comunal y las salas de batalla. Gracias a ello se tomaron decisiones como definir quiénes se beneficiarían de las unidades socioproductivas (tiendas en la planta baja) del edificio”, explicó Aguado.

La dirigente comunitaria agregó que en un principio se determinaron reglas claras para una mejor convivencia: no se utilizarían los bajantes y cada quien se haría cargo de depositar sus desperdicios fuera del edificio. El cuarto de basura funciona como estacionamiento de motos y no está permitido utilizar los ascensores para subirlas a pisos superiores. “Aquí limpia el que le provoque. Eso no se ha determinado en reuniones”, comentó al referirse a la limpieza de las áreas comunes.

 

Expertos recomiendan que se hagan estudios de hábitat antes de levantar los urbanismos

Habitantes de Misión Vivienda requieren escuelas, hospitales y transporte para sus complejos (VI)

YORMAN GUERRERO / VANESSA MORENO LOSADA

Viernes, 03 de julio de 2015

La inserción de los beneficiarios en su nuevo entorno está condicionada por el acceso a servicios públicos y la convivencia con vecinos que los rechazan. En esta sexta entrega, Contrapunto cuenta cómo se vive más allá de los muros de la GMVV

Mireya de Herrera se mudó en agosto de 2011 a la Ciudad Socialista Caribia, uno de los complejos habitacionales más grandes de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y que el entonces presidente Hugo Chávez definió como la “ciudad del siglo XXI”, el proyecto piloto de las soluciones habitacionales que el Gobierno esperaba construir para reubicar a millones de familias hasta 2019.

Herrera vivió durante 8 meses en un refugio improvisado en el Club Ipasmar, en Río Chico estado Miranda, a la espera de aquel apartamento. Su familia quedó damnificada por las lluvias de diciembre de 2010. Vivía en el sector Blandín, en el kilómetro 5 de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Dijo estar agradecida por haber sido reubicada en un apartamento de los urbanismos del Estado y aseguró con entusiasmo que tienen “casi todos los servicios allí mismo”. Advirtió, sin embargo, que el traslado hasta Caracas sigue siendo la principal dificultad que afrontan los habitantes de este complejo urbanístico, tal como lo era en 2011.

“Tuve que dejar de trabajar en Caracas. Mis dos hijos estudiaban allá y tenían que salir de la casa a las 4:00 de la mañana para montarse en el autobús de las 6:00. A raíz de ese problema mis chamos tuvieron que comprarse una moto para poder salir de la urbanización sin contratiempos. No estoy muy contenta, pero ¿cómo hace uno?”, cuestionó Herrera.

Beneficiarios comentaron a Contrapunto que en un principio contaban con 45 jeeps y 9 minibuses a gas de 16 puestos, que se dañaron progresivamente por las empinadas cuestas que debían remontar todos los días. “Hay muchas subidas, y esos carros no tienen fuerza”, comentó un residente.

Los vecinos contaron que en mayo de este año, funcionarios del Sebin llegaron a Ciudad Caribia con una orden sellada por la Presidencia de la República y se llevaron varios jeep. Los adjudicados desconocen el motivo de la orden. Actualmente la ruta de transporte está conformada por 15 autobuses Yutong, 4 jeeps y 3 minibuses, que brindan servicio a las 12 mil personas que viven en el mega urbanismo. Por eso invierten hasta 2 horas en cola antes de subirse a esas unidades de transporte público.

Lisbeth Alcalá vocera de “Camino de los Indios”, uno de los ocho consejos comunales que operan en Ciudad Caribia, explicó que cuentan con una escuela básica en la terraza A, y un anexo en la terraza C. “En las mañanas atienden a 671 estudiantes de educación básica y en la tarde funciona como liceo. También tenemos tres Simoncitos y un CDI (Centro de Diagnóstico Integral). Además hay Mercales, panaderías, bancos, infocentros y peluquerías”, comentó.

Sin embargo, lamentó que se haya paralizado la construcción de un proyecto que incluía un hospital y un liceo en el mismo edificio. “En 2013, después de la muerte del presidente Chávez,paralizaron la obra y hasta el momento no se ha retomado”, apuntó.

A diferencia de Ciudad Caribia, otras urbanizaciones creadas por la GMVV no se planearon con servicios educativos y de salud suficientes para dar respuesta a sus habitantes. Así lo comentó Pedro Mujica (nombre ficticio para proteger su identidad) , quien vive en uno de los edificios del Desarrollo Habitacional Ciudad Tiuna. “Si bien tenemos constantemente jornadas de Mercal y Pdval, aquí no hay escuelas, liceos, ni hospitales. Apenas tenemos un Simoncito. Se ha dado el caso de vecinos que no han podido habitar los apartamentos porque no consiguen cupos para sus hijos. Las escuelas de El Valle, Santa Mónica o La Bandera, ya no tienen matrícula para atender más niños”, puntualizó.

Según las memorias y cuentas del Ministerio de Vivienda y Hábitat de 2011 se firmaron acuerdos de construcción dentro Ciudad Tiuna con tres empresas internacionales (Fundación Rusa de Construcción, la china CITIC International Contracting y la bielorrusa DZS Belzarubezhstroy) para edificar 27.534 apartamentos en esta zona militar. Sin embargo, en el documento oficial no figura el cálculo de la construcción de infraestructura de servicios asociados a estos urbanismos.Contrapunto solicitó una entrevista con el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y hasta el momento de publicar este reportaje no se obtuvo respuesta.

El déficit de escuelas se repite en el complejo El Chorrito, en los Teques estado Miranda, un conjunto de edificios que alberga a 1.300 familias y donde apenas está prevista la construcción de un Simoncito. No aparecen escuelas en el proyecto. Una de las adjudicadas del Complejo Libertador I, ubicado en la avenida de nombre homónimo, aseguró que debe trasladarse todos los días hasta El Silencio para llevar a su hija a la escuela porque no ha podido conseguir cupo en lugares cercanos desde diciembre de 2013, cuando ocuparon las viviendas.

Viviendas pero no hábitat

La organización Transparencia Venezuela advierte sobre los perjuicios que genera construir edificaciones en zonas con una infraestructura limitada para satisfacer las necesidades de sus habitantes. “No se hacen estudios sobre los servicios de electricidad, agua, gas, teléfonos y transporte en las zonas donde se hace un urbanismo o se construye uno o varios edificios para cientos de familias.

La consecuencia es que después hay graves fallas de servicio que afecta no sólo a las personas a quienes se le entrega una vivienda, sino también a todo los que habitan o trabajan y son asiduos visitantes de esas áreas”, refiere un informe publicado en octubre de 2014 a través de su programa Misiones Transparentes.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de esta ONG, explicó aContrapunto que la construcción de estos urbanismos viola constantemente las normas básicas a considerar cuando se va a incorporar grandes cantidades de personas a espacios que ya tienen una capacidad de servicios públicos estimada. “El Estado debería de exigir a las contratistas nacionales e internacionales un estudio de hábitat previo para conocer las características del entorno: capacidad hídrica, eléctrica, escolar y de transporte, por ejemplo”, detalló.

De Freitas cuestionó el hecho de que muchos ministerios estén involucrados en este programa social y aún así reporten las mismas deficiencias en áreas como educación o salud. “La organización interna del programa social es muy compleja. La excusa para que haya más de una decena de organismos del Estado era dar respuesta a todos los inconvenientes que pudieran surgir en la creación de estos urbanismos”, aseveró.

Humberto Sardi, profesor retirado de diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, detalló que todo proyecto arquitectónico a gran escala debe prever la construcción de preescolares, escuelas, parques recreacionales y canchas deportivas. “Estos elementos están regidos por ordenanzas municipales, donde se determina la cantidad de estos espacios que debe haber por cada habitante de la zona”, expresó Sardi. “Pero por la urgencia que tenía este programa social de dar respuesta al déficit habitacional, esas normativas no fueron tomados en cuenta”, añadió.

Bienvenidas poco calurosa

En diciembre de 2013 comenzaron a ser ocupados complejos de Misión Vivienda construidos a lo largo de la avenida Libertador en Caracas. Manuela Rosales (nombre ficticio para proteger su identidad), comentó a Contrapunto que apenas se mudaron a la torre B del urbanismo Libertador II, los vecinos de edificios aledaños los “miraban mal”. “La primera semana, todas las noches, nos caceroleaban y nos gritaban insultos desde los balcones. A mi hijo le decían cosas en una escuela donde lo tenía en Chacao. Eso cambió tiempo después, supongo que se dieron cuenta que no éramos malas personas”, relató.

Vecinos de Las Acacias, donde se construyó el Desarrollo Roosevelt, peleaban con los habitantes de este complejo de Misión Vivienda por la basura. “Señoras de los edificios contiguos venían a reclamar porque según ellas desde que nos mudamos se comenzó a ver basura en las aceras. La verdad es que eso no es así porque ellos también depositan los restos en los mismos lugares. Ése es un problema con la compañía de aseo, no por nosotros”, explicó una de las beneficiarias de este urbanismo que prefirió mantenerse en el anonimato.

Desde Fundacaracas, Kyrian Ferricelli coordina la División de Nuevas Comunidades Socialistas, que imparte cursos de convivencia ciudadana para los beneficiarios del programa social. “Uno de los módulos de los talleres que damos es llamado ‘identidad cultural’. Aquí les ofrecemos herramientas a las personas que viven en los refugios para que se adapten a sus nuevas parroquias. Les explicamos cuáles son las ordenamientos municipales y las prácticas culturales de las zonas a donde van a ser trasladados”, puntualizó.

Ferricelli comentó a Contrapunto que desde esta unidad se encargan de hacer un enlace entre los beneficiarios de la Misión Vivienda y las zonas educativas correspondientes a los urbanismos que van a ser habitados, con la finalidad de garantizar de que los niños y adolescentes en edad escolar tengan cupos escuelas y liceos cercanos. “Hacemos estudios previos sobre la cantidad de personas que van a ingresar a estos complejos y de ser necesario creamos proyectos que incluyan la construcción de unidades educativas”, finalizó.

Denuncian desorden en los registros de los aspirantes a recibir un inmueble del Estado

Invasores vetados de Misión Vivienda no saben a dónde acudir (VII)

LORENA MELÉNDEZ G.

Sábado, 04 de julio de 2015

Aunque las ocupaciones son reconocidas como mecanismo de presión para exigir derechos, desde el Gobierno se criminaliza esta acción. En esta séptima y última entrega, Contrapunto cuenta cómo viven quienes aguardan, algún día, recibir el beneficio

La noche del 23 de abril de este año, Gladys Flores se vio retratada por primera vez en un documental. Ella estaba en la proyección de Ruina, del alemán Markus Lenz, la película que se grabó en el lugar que durante siete años fue su casa: la Torre de David, en la avenida Andrés Bello de Caracas. Cuando culminó, pasó al frente del salón para contar su historia.

En septiembre de 2007 invadió el lugar junto a casi dos mil familias que ingresaron al espacio con carpas y que, poco a poco, se instalaron en 28 pisos del bloque A y en 19 del B. Allí se organizaron para contar con electricidad y para hacer llegar el agua a través de tanques, bombas hidroneumáticas y mangueras en cada nivel. Levantaron paredes de ladrillos, enmarcaron puertas, pintaron y se adueñaron de una estructura, nunca culminada, que de ser el proyecto de un centro financiero, pasó a ser una edificación intervenida que quedó en manos del Estado tras la crisis bancaria de 1994.

“No digamos que fue una vivienda digna, pero sí una solución para el momento. Muchas veces tenemos que tomar otras alternativas aunque no nos gusten para después lograr algo mejor. Y eso fue lo que hicimos nosotros, tomar la Torre de David para que, al final, el Gobierno nos diera nuestra vivienda que era lo que nosotros queríamos. Y lo logramos”, comentó la mujer que a finales de este mayo se mudó al apartamento que le entregó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en Ciudad Tiuna.

Pero otros que han tomado la iniciativa de invadir en los últimos años no han sido respaldados por el Estado con el otorgamiento de viviendas que sí recibieron quienes ocuparon este edificio que, en 2011, ganó el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia por las bienhechurías que sus inquilinos hicieron allí.

Por ejemplo, las mujeres que invadieron una casa hogar de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, ubicada en El Valle, fueron desalojadas 12 horas después de haber tomado aquellas instalaciones, con un acta que comprometía a distintos entes del Ejecutivo a iniciar gestiones para conseguir una solución al problema de hacinamiento que atravesaban las féminas y sus hijos.
Aunque las citas pautadas se llevaron a cabo, tanto con el Gobierno del Distrito Capital como con la Vicepresidencia de la República, en ningún lado les dieron una respuesta concreta. “Quedamos peor que como estábamos antes”, afirmó una de las invasoras que no quiso revelar su nombre, quien acotó que en ambas dependencias le ratificaron que quienes irrumpieron en la residencia de las monjas serían sacadas del censo de la GMVV. Una de estas afirmaciones la hizo Ernesto Villegas cuando aún ocupaba el despacho capitalino.

El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que desde la perspectiva jurídica existen leyes en el país que condenan la invasión de la propiedad privada. Incluso, desde algunas administraciones locales -como es el caso del municipio Acevedo del estado Miranda- se han decretado medidas que criminalizan estas ocupaciones. Adviertió que aunque algunas de estas acciones son emprendidas por “mafias organizadas”, cada caso debe estudiarse por separado.

“Esta pelea es política. El marco normativo de la Misión Vivienda no establece ese tipo de penalidad y lo que nosotros siempre argumentamos es que la ocupación de vivienda es un mecanismo de exigencia de derechos -como cerrar una calle, que también está comenzando a ser penalizado- y que la gente lo realiza como último recurso cuando no ha tenido respuesta de los diferentes organismos del Estado”, apuntó el especialista.

Esta última afirmación va de la mano con las palabras que Flores, la antigua inquilina de la Torre de David, pronunció ante la audiencia que vio el documental que ella protagonizó. Así contestó cuando le preguntaron si quienes invadieron el rascacielos sabían que estaban al margen de la legalidad: “Las leyes se han quebrantado muchísimas veces y no solamente por la gente pobre. Si vamos a hablar de leyes, caeríamos en un campo muy amplio. Entre nosotros sí estábamos conscientes de que esto era ilegal, pero sabíamos que a pesar de todo no estábamos haciendo nada que dañara a nadie porque eso estaba solo, no le estábamos violando los derechos a nadie, más bien estábamos peleando por los nuestros, por el artículo 82 (de la Constitución Nacional de Venezuela) que es el de tener derecho a una vivienda digna. Por eso sí estábamos peleando”, justificó.

Pero no fue otro sino el propio presidente Hugo Chávez, creador de la GMVV, quien vetó a los invasores de la lista de beneficiarios de este programa social. En su espacio Aló Presidente del 23 de mayo de 2010 comenzó por reclamar a las autoridades “mano dura” para evitar cualquier tipo de toma de terrenos o edificaciones.

“Hay que meter la Guardia (Nacional) entonces, el Ejército, pero no lo podemos permitir (las invasiones) porque mayormente no son las personas más necesitadas las que invaden. Hay mafias detrás de los llamados invasores, y después empiezan a negociar y utilizan a mujeres y niños. No se les puede permitir (…) Si estuviera (la persona que invade) en lista de espera, se borra de allí”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Invasores entrevistados por Contrapunto certificaron que aquella sentencia de 2010 es repetida por militares, autoridades locales y funcionarios públicos de despachos como la Vicepresidencia de Venezuela y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, cuando se habla sobre el derecho que tienen o no de optar por una casa construida y financiada por el Gobierno. Para quien invade, no hay Misión Vivienda.

Una muestra más de la orden cumplida de Chávez es el reciente desalojo ocurrido en las áreas verdes del Hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia. Allí se derribó en junio un aproximado de 50 casas que fueron construidas en los últimos cinco años. Sin previo aviso, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, junto a cuadrillas de trabajo del Gobierno del Distrito Capital, Guardia Nacional, milicianos y policías nacionales, arribaron al sitio para sacar a los moradores sin ofrecerles un nuevo destino ni tampoco la oportunidad de inscribirse en la GMVV. Sólo la presión de los invasores, luego de varias horas de protestas y reclamos, hizo posible que buena parte del grupo fuese llevado a un refugio en Fuerte Tiuna.

La línea contraviene una afirmación que Ricardo Molina, titular de Hábitat y Vivienda, hizo el pasado 25 de junio: “Estamos preparados para comenzar la toma de terrenos y el inicio de obras en todo el territorio nacional para seguir avanzando en la construcción” de residencias, advirtió.

El veto a los tomistas no sólo echa por tierra un mecanismo de protesta, sino que también da la espalda a la realidad de ciudades como Caracas, donde entre 40% y 65% de las residencias han sido autoproducidas por sus pobladores, una afirmación que hizo Josefina Baldó, expresidenta del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) en un foro sobre tenencia de tierras organizado por la Alcaldía Metropolitana, basado en los estudios realizados por la arquitecta e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Teolinda Bolívar.

“Ante la complejidad del problema de la vivienda autoproducida, que representa el grueso del patrimonio inmobiliario del país, y ante la diversidad de situaciones a atender en los barrios, insistimos en la necesidad de establecer alianzas y formas mancomunadas entre organizaciones comunitarias, entes públicos y profesionales que apoyen la elaboración y gestión de los proyectos, así como la ejecución de las obras requeridas de urbanización y mejoramiento de viviendas existentes y de nuevas viviendas adecuadas para los pobres. Es preciso que el deseo de hacer más viviendas nuevas tome en cuenta los usos y costumbres de la población, y la importancia que para ésta representan las localizaciones en las ciudades”. señaló Bolívar, junto a Hilda Torres e Iris Rosas, en “El intento de vivienda para todos desde el Estado venezolano”, análisis publicado en 2012.

Entren que caben 25

El piso del cuarto donde duerme Flor Zapata con su pareja y sus dos hijos es de madera. El material usado no es un capricho, sino una necesidad. La casa de su suegra, una pequeña vivienda ubicada en el barrio Cañicito de la parroquia El Valle, se le hizo diminuta cuando nacieron sus niños, y más aún cuando su cuñado decidió casarse y tener un bebé. Por eso, entre todos decidieron hacer un segundo piso y procurarse un poco más de espacio.
Pero la construcción de ladrillos se truncó cuando supieron que debajo de la casa pasaba un desagüe.

Tuvieron que improvisar con tablas que se doblan, se desnivelan y que incluso les han impedido meter una litera dentro del cuarto. “Es que por el peso no se puede”, explicó la joven de 21 años sobre la única cama que tiene y en donde se acomodan sus dos muchachos. Ella y su marido duermen en una colchoneta en el piso. Eso fue lo que le hizo unirse a quienes invadieron la casa de las monjas en El Valle.

Unas cuadras más adelante, en el barrio Bruzual, está la casa de la familia Istúriz, una especie de laberinto que se ha ampliado para albergar a 25 personas entre hijos, nietos y sobrinos. Allí duermen Dannexssy, otra tomista, con sus dos hijos en una litera que queda atrapada entre las paredes que la rodean. Al lado, su madre Gladys vive con su padre y uno de sus hermanos. En el otro cuarto, se quedan sus tres hermanos, su cuñada y su sobrina de un año. Todos, en realidad, están en un mismo salón al que se le han levantado separaciones y hecho espacio para una cocina y un baño.

En el tope de la casa de los Istúriz está Yuliberth con sus dos hijos adolescentes. Para llegar a la habitación, no sólo hay que atravesar todo el costado de una casa sino también subir por unas precarias escaleras metálicas que alcanzan la platabanda de la residencia. A diferencia de Dannexssy, el baño no le queda cerca, sino en la planta baja de la vivienda de su abuela.

Por vivienda también aguardan en los refugios quienes, en ocasiones, han sido señalados como invasores. Ese es el caso de las 11 familias que ocupan un anexo de la Cantv en Los Cortijos, quienes aseguran haber sido borrados de las listas de la Misión Vivienda sin que se les diera explicación. Apuntan que el desorden que existe en los registros ha generado que se hayan quedado rezagados en las asignaciones.

“De aquí se fueron los que estaban en el sistema. La excusa es que, como no estamos en data, tenemos que arreglárnoslas como podamos. A mí, por ejemplo, me estaban haciendo un estudio de caso y ahora no aparezco”, comentó una de las residentes del albergue que ya lleva tres años en el sitio. Su certificado de vivienda en alto riesgo comprueba que no llegó de manera fortuita hasta allí.

Las 11 familias continúan a la espera de la casa prometida en un espacio con problemas de filtraciones e higiene que se ha oscurecido por la falta de bombillos – antes los reponía la compañía telefónica a cargo – y con una falla en el suministro de agua, producto de una bomba hidroneumática que no se pudo volver a reparar. Hay basura y escombros en los alrededores, dejados por sus antiguos compañeros reubicados, y una plaga de chiripas que prácticamente tomó la cocina. La seguridad de la instalación depende totalmente de ellos. Lo único que aún les llevan, desde el Gobierno, son los insumos para que limpien el lugar. Desde hace un año dejaron de recibir la porción de alimentos que, de acuerdo a la Ley de Refugios Dignos, les toca a diario. “Nosotros nos sentimos abandonados porque aquí se está con las uñas”, dijo quien quedó damnificada desde 2012.

Vecinos de los urbanismos del Estado temen a nuevas redadas y a la represalia de los delincuentes

OLP en Misión Vivienda: “Le avisaron a los malandros y agarraron a los pendejos” (y VIII)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Domingo, 09 de agosto de 2015

Habitantes de complejos en Caracas y los Valles del Tuy advierten que los hampones no fueron capturados porque policías y militares los alertaron. Entre los detenidos destacan presuntos bachaqueros, colombianos y visitantes acusados de invasores

Matilde* se siente más segura desde que la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) llegó a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de Ciudad Tiuna, el domingo 12 de julio, con el despliegue de 1.200 uniformados. Asegura que la intervención marcó un antes y un después en una zona roja donde las balaceras eran frecuentes, la venta de droga constante y se reportaba al menos un asesinato por arma de fuego cada año desde su inauguración en 2011, a pesar de ubicarse dentro Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela.

“Uno vivía con zozobra porque los malandros tomaban esto desde las 7:00 de la noche. Bajaban empistolados y a veces se agarraban a plomo entre ellos y a uno le daba miedo salir. ¿Cómo podía mandar a mi hijo a jugar afuera? Desde los allanamientos eso se acabó”, cuenta la mujer que reside en la torre 34, considerada como una de las más peligrosas del complejo. Justo en la entrada de la loma donde se ubica su edificio se instaló una carpa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que desde entonces permanece operativa día y noche.

A Matilde le toma un rato de conversación revelar un detalle crucial de la operación: quienes sembraban el miedo entre los habitantes de Ciudad Tiuna nunca fueron capturados. Cuando se le interroga sobre las detenciones, desaprueba con la cabeza: “La verdad es que agarraron a los pendejos porque a los verdaderos malandros les avisaron y se fueron antes. Ellos ya sabían que esto iba a ocurrir”, indicó.

Esta afirmación se repite no sólo entre otros vecinos de la GMVV en Ciudad Tiuna, sino en urbanismos de la Gran Caracas y el estado Miranda donde se llevaron a cabo las OLP que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro ha aplicado desde el 12 de julio para desmantelar focos de criminalidad. Contrapunto visitó los complejos de Ciudad Tiuna, Ciudad Betania, Montalbán y La Paz para recoger las impresiones de sus habitantes después de las intervenciones. Todos lamentan que los verdaderos delincuentes hayan huido sin castigo.

“Ya no hay más plazo, vamos por ustedes. Ya basta de que estén atracando al pueblo, traficando con droga, dañando a los niños, dañando a los muchachos ¿Hasta cuándo? Llevando los valores del capitalismo. No, la Gran Misión Vivienda Venezuela se creó para construir prosperidad y paz en la comunidad”, advirtió Maduro el 18 de junio, casi un mes antes de que arrancara la OLP.

Carlota*, miembro de uno de los consejos comunales de Ciudad Tiuna, dijo a Contrapunto que dentro de las torres quedaron “infiltrados” que les pasan datos a los hampones sobre las actuaciones del Gobierno en el urbanismo, luego de los allanamientos.

Desde el operativo, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con los voceros de cada edificio para pedir que denuncien a los delincuentes. Pero muchos dejaron de asistir a esos encuentros para preservar su seguridad. Carlota indicó que el aviso de los operativos provino de guardias nacionales relacionados con los malhechores y que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) de la delegación de El Valle eran amigos de las bandas.

“Esto tenían que haberlo hecho desde que estábamos en los refugios. Yo les insistía (a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Hábitat) en que hicieran mesas de trabajo para que conversáramos sobre la seguridad. Ahí los hubiésemos podido denunciar, porque uno vivía con ellos y sabía quién era quién. Pero nos entregaron los apartamentos y esto se convirtió en un infierno”, contó la integrante del consejo comunal, quien estuvo atormentada durante las semanas previas a la OLP por las fiestas ruidosas que los malandros hacían cada fin de semana en un edificio del urbanismo.

Otros vecinos comentaron que incluso un hombre con orden de aprehensión ha vuelto varias veces en su motocicleta y llega sin que los guardias nacionales de la entrada lo detengan. “Esos militares no lo conocen. Él y su hijo tienen el mismo nombre y cuando los policías han venido a buscarlo, siempre agarran al hijo pero no le consiguen nada”, explicó Carlota.

Contrapunto solicitó una entrevista con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, para contrastar estas versiones pero su despacho se negó a concederla.

El delito del bachaqueo

La puerta del apartamento que le asignaron a Carmen* en los complejos de Montalbán III retumbó a las 5:00 de la mañana, el lunes 27 de julio. Adentro no había nadie. Ella y sus tres hijos durmieron la noche anterior en la casa de un familiar que estaba enfermo.

Cuando sus vecinos la llamaron para avisarle del movimiento inusual de militares en el complejo donde reside, mandó a su hija mayor, de 17 años de edad, a ver qué pasaba. Al llegar, la joven se encontró con la toma de los 10 edificios de la urbanización Juan Pablo II por parte de la GNB.

Los funcionarios revisaron su vivienda: no había drogas, ni armas, ni objetos robados. Lo que sí consiguieron fue 8 paquetes de papel sanitario, 24 kilos de harina de maíz, 24 paquetes de azúcar, 15 frascos de champú pequeño, 12 litros de aceite, 10 kilos de leche y 7 paquetes de pañales.

Los uniformados detuvieron a la adolescente y más tarde, ese mismo día, Maduro la identificó como “bachaquera” en el discurso que profirió para inaugurar el mercado de Carúpano en el estado Miranda. “Estaba full de productos de bachaqueo. Full. Full de todos los productos que ustedes se puedan imaginar. Tenían un centro de coordinación del bachaquerismo”, agregó el mandatario.

Carmen llegó a su casa a las 10:00 de la mañana, justo cuando los funcionarios de la GNB sacaban sus pertenencias del apartamento. “Nosotras no somos bachaqueras, yo voy comprando porque me gusta tener mis vainas. Si aquí se prende un peo, ni Dios lo quiera, ¿a dónde voy a ir después a comprar comida? Yo tengo dos niños pequeños que necesitan comida y pañales”, repetía la madre desesperada al ver que sus bienes eran sacados del edificio y trasladados en un camión a unos galpones en La Yaguara.

Entretanto, la hija mayor de Carmen estaba retenida en una carpa ubicada en las adyacencias de otro edificio del mismo urbanismo. Al terminar de desalojar la vivienda, un guardia escribió con bolígrafo azul en la puerta: “Apartamento recuperado, no entrar”. Luego le informó a Carmen que fue desalojada por la cantidad de productos que encontraron en su vivienda. Su hija terminó presa en el Comando Regional de la GNB número 5 (Core 5), localizado en la parroquia El Paraíso en Caracas.

Carmen y otros vecinos afectados por el operativo arrancaron aquel día un recorrido por varios organismos del Estado para exigir la liberación de sus parientes. Miércoles 29 de julio: el Palacio de Miraflores. Jueves 30: la Defensoría del Pueblo y el Palacio de Justicia. Viernes 31: el Instituto Nacional de Deporte en El Paraíso, donde Maduro pronunciaría un discurso. Los afectados planearon trancar las calles adyacentes para llamar la atención del Presidente, pero un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se los impidió. “Nos prometieron que le harían llegar el mensaje y que nos darían un enlace al día siguiente (sábado 1 de agosto) para hablar con un encargado de Vicepresidencia, pero eso tampoco ocurrió”, contó Carmen a Contrapunto.

A dos semanas de la detención de su hija, Carmen solo sabe que la joven sigue detenida en el Core 5 mientras ella peregrina por casas de vecinos con sus otros dos hijos de 2 y 6 años de edad. “Esto no era lo que Chávez quería. Él siempre nos dijo que nos cambiaría ranchos por estos apartamentos, para que ahora nos saquen así como si uno fuese un delincuente”, comentó.

Desacato a la autoridad

Otros habitantes de los edificios de Montalbán alegan que durante el desalojo intentaron salir de sus apartamentos para protestar contra las arbitrariedades. “Nos decían que si salíamos, también iríamos presos por desacato a la autoridad y que nos podían desalojar porque esas eran las órdenes. Nos repetían una y otra vez que que estos apartamentos no eran de nosotros”, comentaron.

Así ocurrió con Raúl*, un mototaxista que fue detenido en Montalbán y fue enviado al Core 5 por reclamar a la GNB la incautación de su moto, a pesar de que tenía los documentos de propiedad del vehículo y un certificado como integrante de una cooperativa de conductores.

Aquel lunes 27 de julio Patricia*, esposa de Raúl, fue obligada por los guardias a permanecer en su apartamento durante todo el día, a pesar de que su hijo de 3 años de edad tenía un absceso bucal y fiebre alta. “Aquí no hubo un representante de la Lopna (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)que velara por la salud de mi hijo. ¿Eso es justo?”, cuestionó.

La moto de Raúl fue una de las 31 confiscadas ese día. Así lo refiere el balance oficial presentado por González López, quien aseguró que también fueron recuperados 3 vehículos, 21 apartamentos resultaron desalojados, y 9 ciudadanos fueron detenidos.

Uno de los voceros del complejo de Montalbán, y que pidió mantenerse en el anonimato, comentó a Contrapunto que no cayó la criminalidad en esos edificios después de la OLP. “Los malandros se fueron horas antes de que comenzara la operación y no van a regresar hasta que las aguas se calmen. A la mayoría de los detenidos los acusan de asociación para delinquir y los vinculan con bandas de delincuentes aunque no sea cierto”, afirmó.

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat los llamaron a quitar las rejas que instalaron en sus puertas porque no estaba permitido hacer modificaciones a la infraestructura. “¿Cómo nos van a decir que no podemos tener una reja para proteger a nuestras familias de los delincuentes que viven en este edificio?”, cuestionó el representante de la comunidad.

Colombianos, blancos de detenciones

A menos de 10 minutos en Metrobús de las residencias de Montalbán se encuentra el urbanismo La Paz Socialista, un complejo de 10 torres ubicado cerca del Puente de los Leones, en el que habitan 5.135 personas. La madrugada del viernes 31 de julio, la OLP desplegó a 1.000 efectivos, que decomisaron 70 gramos y 30 pitillos de marihuana, un revólver calibre 38, un arma blanca, dos vehículos solicitados, piezas de una moto, un chaleco antibalas, productos de primera necesidad, un equipo de sonido y 173 cajas de cervezas. Las autoridades indicaron que recuperaron 15 apartamentos y fueron capturadas 38 personas.

Entre esos detenidos figura Alejandra*, quien se quedó cuidándole el apartamento a su amiga Berenice* en la GMVV de La Paz mientras ella visitaba a su familia en Colombia. “Dejé a mi amiga encargada de mi casa porque como están las cosas, uno prefiere dejar gente para que no lo roben. Ese viernes llegó el operativo. Cuando se dieron cuenta que ella era colombiana y no figuraba en la lista de adjudicatarios, se la llevaron detenida y la acusaron de invasora. Ella les explicó la situación pero de nada sirvió. Hasta un hueco dejaron en el techo porque buscaban armas”, relató a Contrapunto Berenice.

Tras llegar a Caracas en un autobús proveniente de Barranquilla, Berenice averiguó que Alejandra estaba detenida en un destacamento de la GNB en la carretera Caracas-La Guaira. “La tienen esposada, eso ni siquiera es una cárcel como tal. Mi amiga ya está entrando en depresión, ella es cristiana y ahora está involucrada en todo esto por hacerme un favor a mí”, comentó.

El miércoles 5 de agosto, Contrapunto se acercó a las inmediaciones del Core 5 en El Paraíso. Allí estaba Berenice en compañía de otras 15 personas que hacían fila para entregar comida y ropa a familiares que tenían detenidos bajo las mismas circunstancias. Cuando eran las 3:27 de la tarde, y tras acumular más de hora y media de espera sentada en la acera contigua a la instalación militar, Berenice fue llamada por un Capitán de la GNB de apellido Sánchez, quien le indicó que el caso de su amiga ya estaba por solucionarse y que sólo faltaba la revisión formal en la data del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y luego de eso sería liberada. Aún esperan por ello.

Aunque el caso de Alejandra se repitió más de una decena de veces en la GMVV de La Paz, uno de los voceros principales acompañado por un grupo de 20 vecinos, declaró ante las cámaras del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información que pese a las irregularidades y al desalojo de varias familias acusadas de invasoras, cuando realmente eran visitantes, felicitaba a la OLP y a Maduro por el procedimiento.

La aprehensión de los “invasores”

La GNB no dejó un buen recuerdo en su primera incursión en abril en Ciudad Betania IV, urbanismo de Misión Vivienda en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda.Los vecinos recuerdan los abusos que cometieron los uniformados cuando buscaron a los presuntos autores de la masacre de nueve personas que ocurrió días antes en Lomas de la Guadalupe II: se robaron electrodomésticos, dinero y comida; insultaron a mujeres, retuvieron a hombres, quemaron motos y ajusticiaron a tres de los supuestos asesinos luego de que hicieron explotar una granada que mató a un uniformado. Cuando se refieren a la OLP que se ejecutó allí entre el 13 y el 18 de julio de este año, señalan: “Esta vez vinieron pacíficos”.

“De vez en cuando pasa una patrulla por ahí, pero eso no es siempre”, afirmó una habitante de la zona III. La escasa presencia policial no es motivo de preocupación para los vecinos, quienes describen que en Ciudad Betania no son frecuentes las balaceras ni los robos. Sin embargo, los consultados reconocen que es una guarida de delincuentes que “se enconchan” en los apartamentos donde tienen familia o amigos. Son ellos quienes organizan las fiestas en los estacionamientos los fines de semana .

Desde el Ejecutivo se divulgó que nueve personas fueron detenidas el primer día, pero los vecinos no saben exactamente cuántos fueron apresados mientras los uniformados estuvieron en el complejo, ni cuántos están aún tras las rejas. Lo que sí revelaron es que las aprehensiones están relacionadas con casos de invasiones a apartamentos y no con delincuencia.

“A los chicos malos no los tocaron porque no estaban aquí. Ellos vinieron con el propósito de encarcelar a la gente, entonces se llevaron a todo pendejo que se consiguieron para justificar su trabajo”, dijo a Contrapunto Marcos*, habitante de uno de los edificios.
En bodegas, ventas de víveres y verduras y en otros apartamentos de Ciudad Betania IV confirman que se llevaron únicamente a invasores y que el grueso de ellos fueron liberados posteriormente. “Hay gente que se fue de aquí y cedió su apartamento. La mayoría de los que venían de Caracas nunca se adaptaron y se fueron”, explicó un vecino.

En ese grupo quedó detenida Lisbeth Nataly Mata Machillanda, de 35 años, en el Fuerte Guaicaipuro, quien se mudó a un apartamento del sector V luego de pactarlo con su dueño. “Él le dijo que ya había entregado las llaves al Ministerio de Vivienda (y Hábitat) y le recomendó que luchara por el apartamento para que se lo dieran. El error de ella fue no haberle pedido el número de cédula para que pudieran legalizarlo todo”, contó aContrapunto Yaneth Polo, hermana de la mujer que es madre de dos menores de edad y ama de casa. Sus allegados no entienden por qué está encerrada si el inmueble no ha sido solicitado por el propietario.

En Ciudad Tiuna también hubo detenciones irregulares como la de Miguel Son, habitante de la torre 34 del urbanismo. Los vecinos aseguraron que se lo llevaron porque estaba vestido de santero. Sin embargo, las autoridades lo vinculan con la invasión de uno de los apartamentos de ese edificio. Cuando Contrapuntointentó conocer más sobre el caso por medio de sus familiares, se negaron a declarar. “Hable sólo con la gente de los consejos comunales, que es la que está autorizada. No vamos a decir nada porque aquí les están quitando la casa a uno por cualquier cosa”, comentó una pariente consultada.

*Nombre ficticio para proteger la identidad del entrevistado.